El combate al crimen organizado en 2011
Jacinto Granda / Prensa Latina
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El combate al crimen organizado en México ocupó los principales espacios informativos durante todo 2011, caracterizado por complejas interioridades y vaivenes.
Las agresivas bandas de narcotraficantes aumentaron su actividad criminal con otros tipos de delitos en el territorio nacional, entre éstos el asesinato, el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el robo.
Por esta causa también se intensificaron las luchas sangrientas entre esos grupos por el control de los territorios, con numerosos pasajes de matanzas entre ellos, en las cuales también resultaron víctimas muchas personas ajenas.
Como una muestra de esas confrontaciones entre los bandidos, la ciudadanía se conmovió con la noticia de la aparición en Veracruz, en dos días de septiembre, de sendos asesinatos múltiples con un total de 67.
Ante este embate de transgresiones a la ley y de violencia, el gobierno incrementó apreciablemente el combate contra los grupos criminales y sumó a éste nuevas fuerzas y acciones.
Efectivos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal ampliaron su presencia en los estados más críticos. Como parte de esas operaciones se incluyeron en octubre las denominadas Seguro en Veracruz, Guerrero y la Comarca Lagunera.
La prensa mexicana publicó continuamente esas acciones militares y policiacas contra las bandas punibles, las capturas de numerosos cabecillas e integrantes de éstas, y las ocupaciones de sus armamentos y otros recursos.
Aunque al mismo tiempo los medios informativos se hicieron eco de incesantes actividades criminales, que hasta contuvieron disímiles masacres, entre ellas el ataque e incendio del casino Royale el 25 de agosto, donde murieron 52 personas.
Diversos analistas, sin embargo, afirmaron que para México la mayor amenaza del crimen organizado no es la extrema violencia, sino la presencia creciente en sus filas de jóvenes y hasta niños. De seguir así, coincidieron, la progresión de la delincuencia podrá llegar a alcanzar niveles que la hagan ya indetenible.
Un documento de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, divulgado en junio, comunicó que últimamente por lo menos 23 mil jóvenes han sido reclutados por las organizaciones criminales. En este periodo, a modo de ejemplos, se conoció la detención de Beto, quien con menos de 17 años de edad ya asesinó a 18 personas; así como de una niña de 13 que era halcón (vigilante) de Los Zetas.
De los 36 millones 200 mil jóvenes mexicanos de 12 a 29 años de edad, 7 millones 819 mil ni tienen empleo ni asisten a la escuela, informó en noviembre el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán. Esos muchachos, llamados ninis (ni trabajan ni estudian), que mayoritariamente viven en la pobreza, están constantemente bajo la tentación de ingresar en algunas de las bandas criminales, las cuales promueven sus beneficios económicos entre este sector.
El narcotráfico obtiene multimillonarias ganancias y sus cabecillas cuentan con grandes cantidades de dinero para sus operaciones, sobornos y captación de personal.
Un criterio aquí muy compartido en consecuencia es que, además del enfrentamiento al crimen organizado, se hace necesario sobre todo realizar cambios en la vida integral del país.
Representantes de casi todas las tendencias políticas y sectores civiles, incluyendo al gobierno, coincidieron en que también hay que mejorar la educación, las oportunidades de la juventud, el desarrollo económico y el componente social, cuyas carencias favorecen al auge delictivo.
Otra de las limitaciones en la batalla contra los malhechores es que existen numerosos cuerpos de policías estatales y locales infiltrados por la delincuencia, problema reconocido por el propio presidente Felipe Calderón.
El mandatario, en la XXXI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, afirmó que la dinámica delincuencial tiene ahora otro ritmo. Se hizo mucho más violenta, mucho más agresiva y penetró a municipios y entidades estatales.
Con ese fin se efectúan depuraciones y exámenes de confianza a los agentes locales para así detectar y destituir a aquellos que no cumplen con ese requisito, aunque este proceso marcha con lentitud según el gobierno.
Otro criterio muy generalizado en el país es que Estados Unidos debe combatir con mucha mayor eficacia su enorme demanda de drogas y el tráfico de armas para los delincuentes, lo cual está entre las principales causas de la criminalidad y la violencia en México.
De acuerdo con las valoraciones oficiales, durante 2011 se propinaron contundentes golpes a los cárteles y demás grupos delictivos, que los debilitaron grandemente o desarticularon, como resultado principalmente de las operaciones realizadas por las fuerzas armadas.
Representantes de varias entidades sociales, empero, objetan la política anticrimen del gobierno, con el argumento de que el Ejército y la Marina no están concebidos ni preparados para realizar misiones policiacas y engendran una mayor violencia con su actuación.
Arguyen al respecto que en los últimos cinco años se calcula la muerte de más de 55 mil personas en la ola criminal que azota al país, mientras la delincuencia prosigue con su agresividad y fechorías.
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