Testigos Sociales: Una artimaña?

Testigos sociales: ¿Quiénes son, qué hacen?

José Sobrevilla
sobrevill@yahoo.com.mx

Se encargan de verificar que las licitaciones y contrataciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se realicen con transparencia, honradez e imparcialidad cuando arrienden, realicen obra pública o servicios, ya sea por licitación pública, invitación o adjudicación directa. A su participación están sujetos, además, todas las entidades federativas y el Gobierno del Distrito Federal.
Son acreditados por la Secretaría de la Función Pública, SFP, a través de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, quien regula también su participación.
Hoy día se encuentran registradas cinco organizaciones y 34 personas físicas, pero, a pesar de que nos representan, ni usted ni yo los conocemos, y la forma de seleccionarlos “no es nada transparente”, coincide la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, directora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en entrevista con el diario La Razón.
Los testigos sociales, según su ramo, son asignados por la SFP, y –establece la ley– su pago será por hora debiéndolo cubrir la entidad gubernamental que lo solicite. Aquí comienza la farsa, han señalado especialistas como John Ackerman y la propia Irma Eréndira Sandoval, porque si es Función Pública de quien dependen y el organismo supervisado es el que paga, difícilmente podrán dar una opinión en contra de quienes los contrata.
Casos se han documentado donde, pese a la participación de los testigos, los licitantes perdedores impugnan el proceso por vicios en los procesos de contratación; además de que en la mayoría de sus “testimonios públicos de participación” los testigos nunca han reportado o denunciado hechos de corrupción.
Para la doctora Sandoval Ballesteros “Estructuralmente no están dadas las condiciones para que el programa de testigos sociales funcione como debiera ser… depende mucho del testigo, de quien está cumpliendo con la función, si representa verdaderamente a la sociedad o si tiene la posibilidad o la capacidad de denunciar ante las autoridades competentes los datos ilícitos o de corrupción que se pudieran encontrar, así como las tendencias al favoritismo…”
¿Cuánto cuesta el trabajo de los testigos sociales? Un documento de Transparencia Mexicana en internet (Pactos de integridad) señala que ellos cobran 5 mil pesos la hora y el cálculo de su “donativo” se hace en función de la bitácora de actividades. El pago total –asegura– sirve para cubrir los honorarios del testigo social y los administrativos del mismo organismo.
Roberto Pragedis Reyna González, exmaestro de la Escuela Nacional de Economía, y testigo social con Registro PF033, especializado en adquisiciones, arrendamientos y servicios, fue contratado el 2 de junio pasado por la Secretaría de la Función Pública (Contrato No. OT-41/2011) para la “Designación de firmas de auditores externos que dictaminen entes de la administración pública federal para el ejercicio 2011(1ª Etapa)” solicitado por la Dirección General de Auditorías Externas de la SFP.
Su contrato inició el 3 de junio de 2011 y terminó el 19 de agosto del mismo año percibiendo por sus servicios 100 mil pesos y del cual concluyó que “El procedimiento para la designación de firmas de auditores externos (…) se desarrolló con transparencia, objetividad e imparcialidad con apego a lo que marca el Acuerdo sobre la materia…”
Para adquisiciones los nombres acreditados son David Shields Campbell, Fernando Dablantes Camacho, Gerardo Mendoza Briseño, Jaime Enrique Espinosa de los Monteros Cadena, Javier Delgado Serrano, Javier Pérez Saavedra, José Antonio Nava Gutiérrez y Roberto Pragedis Reyna González.
En obras públicas Edwin Allan Simpson Espinosa, Elías Bucio Robles, Elías Sahab Haddad, Enrique Alcántara Gómez, Gonzalo Toribio Martínez Corbalá, Héctor Alejandro Genis Juárez, Humberto Santillana Díaz, Jesús Torres y García, Jorge Cruz Méndez, Jorge Javier Jiménez Alcaraz, José Francisco Ponce Córdova, José Genaro Ruíz Gómez, Leopoldo Gómez Delgadillo, Oscar Álvarez de la Cuadra Sánchez y Víctor M. Hardy Mondragón.
Especializados en adquisiciones y obras públicas en forma simultánea, la SFP tiene registrados a Alejandro Frank Díaz, Alfonso Ramírez Lavín, Ana Catalina Bohne García, Diarmuid (der) Hurley o Sullivan, Edgar A. Fernández Gómez, Herfried Johann Wöss Wertnitznig, Mónica María del Rosario Barrera Rivera, Pascual Sánchez Torres, Roberto Hernández García, Roberto Zavala Chavero y Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez.
En cuanto a las personas morales, la página de la SFP menciona la Academia de Ingeniería, la Academia Mexicana de Auditoría Integral y al Desempeño, el Instituto Mexicano de Auditoria Técnica, Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas y Transparencia Mexicana, capítulo de Transparencia Internacional.
El cuestionamiento. De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), artículo 26, “en las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales…”
La ley señala que “La SFP tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo; sin embargo su participación no tiene implicaciones jurídicas”.
“Necesitamos una ley de protección y auspicio de las denuncias internas que den garantías cívicas, políticas, laborales para fomentar la denuncia no sólo en ámbitos públicos, sino en privados, empresas, paraestatales, corporaciones, concesionarios”, aseguró Sandoval Ballesteros.
¿Qué requiere una persona física para ser testigo social? Debe ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos, o extranjero cuya condición migratoria le permita desarrollar la función. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad, ni ser servidor público en activo, al menos un año antes de la fecha en que presente la solicitud. Llevar currículo donde señale los grados académicos, especialidad, experiencia laboral y, en su caso, los reconocimientos recibidos a nivel académico y profesional. Asistir a los cursos de capacitación que imparte la SFP sobre las leyes y tratados, que podrán exceptuarse si demuestra conocimientos suficientes sobre dichas materias. Finalmente, manifestar que se abstiene de participar en contrataciones donde pudiera existir conflicto de intereses.
Persona moral. Deberá presentar un escrito mediante el cual solicite el registro, debidamente firmado por una persona cuyo cargo no sea inferior al segundo nivel jerárquico dentro de la organización. En caso de ser una organización no gubernamental, deberá acreditar que la ONG se encuentra constituida conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines preponderantemente económicos.