Veracruz, cárcel o muerte
Rodolfo Sánchez Mena
El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, asegura que cárcel o muerte es la opción de la delincuencia, en respuesta a los 35 cadáveres tirados frente a la Plaza Mocambo, a la par que niega el “tiradero” de otros 14 ejecutados precisamente durante la reunión cumbre de procuradores.
En dicho encuentro, la procuradora general de la República, Maricela Morales, concluyó que el crimen de 35 personas es por narcomenudistas. Morales dio a conocer una nueva e innovadora tesis, identifica al narcomenudeo como motor de la violencia que vive el país.
La estrategia estadunidense de guerra contra las drogas, adoptada por Felipe Calderón, ha abierto un nuevo frente de guerra en el estado de Veracruz. Es el corredor de armas-migrantes-drogas, Texas-Veracruz-Tabasco-
Tamaulipas, al que se suma Veracruz, ha sido objeto de un intenso proceso de desestabilización, que sólo se ha atemperado por la intensificación de las operaciones en Veracruz, con un trasfondo de interés sobre los recursos gasíferos y petroleros de la plataforma y aguas profundas.
Destaca el “tiradero” de 35 cadáveres, a sólo 15 minutos de la escuela naval Antón Lizardo, centro de operaciones de la Secretaría de Marina, o sea, del combate a Los Zetas.
La prensa nacional dio vuelo a la hipótesis de ser un desafío y demostración de fuerza a la reunión de procuradores. “Coincide” y se atribuye el levantón, tortura y muerte de los 35, con la fuga de igual número de presos de tres cárceles de la entidad, apoyados por comandos.
Concurren otros factores políticos que le dan contexto al carnaval de terror que vive Veracruz. El cambio de gobierno de Fidel Herrera a Javier Duarte ha disparado la intensidad de la violencia. De asesinatos, secuestros y confrontaciones manipuladas y silenciadas por el control de la prensa local, se ha transitado a repeler a Los Zetas, mientras el cártel del Chapo ocupa el espacio que van dejando.
Destaca el ensañamiento contra Notiver, se pretende exterminar a sus periodistas, una familia completa de un reportero fue asesinada, a la que se suma hoy el asesinato de un joven hijo de un periodista de Notiver. Los reporteros reciben amenazas y son intimidados por las fuerzas de ocupación y policiacas de la entidad, para impedir su labor, carecen de garantías del gobierno estatal y federal.
La aparición del cadáver en Xalapa, la capital del estado, de una joven estudiante de preparatoria, Gabriela Arlene Benítez Ibarra, cuya madre, Bárbara Ibarra, se convirtió en un símbolo de la lucha contra desapariciones forzadas, ha cimbrado al pueblo veracruzano.
El gobierno estatal surgió de una alianza sui generis, PRI-PAN, Duarte gobernador, Buganza secretario de Gobierno, para impedir que Calderón se apoderara de Veracruz mediante Miguel Ángel Yunes, al negociar con el PAN de Fox-Sahagún. El gobernador Javier Duarte de Ochoa es un financiero, se ha acreditado políticamente por minimizar o amenazar estridentemente a la delincuencia, a la que asegura, cárcel o muerte, y por judicializar las críticas sociales para contener la indignación ciudadana debida a la incontenible espiral de violencia. Duarte asegura haber frenado ya al crimen, junto con los secuestros y el cobro de derecho de piso.
El secretario de Gobierno, el panista Gerardo Buganza, sin la formación pragmática e imaginación de los políticos veracruzanos, es un intermediario de la derecha veracruzana y personero de los negocios e intereses de Martha Sahagún. Su función en tiempos violentos es dejar hacer dejar pasar.
En el disparo de la violencia en Veracruz intervienen otros factores complejos. Primeramente, por su situación geopolítica y dotación de recursos energéticos. Ruta de narcotráfico y de migrantes. Dichos factores, combinados, crean una mezcla explosiva.
La intervención del Comando Norte en dos bases militares en México y la participación de fuerzas especiales de operación (deals, focas, del JSOC), han extendido al ejército de las fuerzas contrainsurgentes de Los Zetas desde su sede en Texas-Tamaulipas, por todo Veracruz hasta Tabasco-Guatemala y Honduras.
La prensa estadunidense informa cómo Los Zetas cuentan con una sede de operación en Texas. Se abastecen de armas y equipos avanzados desde aeropuertos de la DEA, tanto por dependencias como por programas, Run runner y Rápido y Furioso, donde intervienen desde el FBI, la CIA y la DEA hasta la Casa Blanca.
La Marina Armada de México ha trasladado a Veracruz su centro de operaciones de combate a Los Zetas. En respuesta, Los Zetas desestabilizaron políticamente la zona conurbada de Veracruz; el gobierno culpó a dos tuiteros de terroristas. Los enfrentamientos se han multiplicado en plena zona urbana, convirtiendo en zona de guerra a la avenida costera del puerto jarocho, en el “acuario”; las fuerzas navales y policiacas, enfrentadas con sicarios, causan daños colaterales a familias, victimas de balas de alto calibre y esquirlas de granadas.
El equipo de inteligencia de la Marina logró desmantelar la red de infraestructura de comunicaciones de Los Zetas, con la que controlaban sus operaciones y alertaban de la presencia del Ejército y de la Marina. La supresión de las torres y las antenas, en puntos estratégicos de la entidad, desarticuló la coordinación del mando y las estructuras intermedias operativas. Otro golpe no menor ligado a lo anterior, fue la captura de la red de Zetas en Veracruz-Tabasco, cuando se anuncia la entrega de la operación de pozos de Pemex a corporaciones extranjeras.
Liberados los tuiteros, por la presión nacional e internacional, el gobierno en lugar de enfrentar el desafío de la guerra de cuarta generación, 4GW, creó una ley dirigida contra las redes sociales, bajo el delito de “perturbación del orden público”. Dicha ley es heredera del delito de “disolución social” usado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para encarcelar enemigos políticos, golpear a los movimientos sociales de trabajadores e intelectuales y perseguir a los estudiantes en 1968.
Los opositores veracruzanos a la ley Duarte, tienen razón; no son los responsables de la espiral de violencia y del clima de desestabilización social que auspicia la guerra irregular que padece Veracruz y todo el país. Ahora, cuando traten de informarse e informar para abrir una ventana de luz a la censura oficial, serán arrestados como agitadores, “perturbadores del orden público”, por transmitir información “falsa”.
Esperemos que pronto el gobernador Duarte establezca el centro oficial de verificación de información, para aprobar rumores falsos y verdaderos, así como el de matanzas ciertas y rumores falsos de matanzas.
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