Tlajomulco consulta a sus ciudadanos
Clara Jusidman / CIMAC
Uno de los problemas más estructurales que enfrenta México para avanzar en la estrategia contra la inseguridad y la violencia se encuentra en la falta de actualización y adecuación de la estructura, organización y duración de los gobiernos municipales.
La salida de las fuerzas armadas de actividades de seguridad pública en las calles pasa por un programa claro, contundente y rápido de fortalecimiento de las autoridades civiles responsables constitucionalmente de ejercer la seguridad pública en el territorio, entre ellas, las policías municipales.
Sin embargo, la arquitectura municipal actual presenta una gran debilidad para enfrentar las diversas responsabilidades que les han sido asignadas como resultado del proceso de descentralización que se inició hace 20 años.
Tampoco es la adecuada para gobernar, por ejemplo, 11 municipios que ya superan el millón de habitantes y que crecen aceleradamente a partir de las inversiones de las poderosas empresas inmobiliarias.
Resulta difícil esperar entonces que sin una reforma municipal profunda, los gobiernos de este nivel puedan asumir el desarrollo de una policía eficiente y lo suficientemente poderosa como para enfrentar la capacidad corruptora y de fuego que poseen las bandas del crimen organizado.
Gobiernos con una duración de tres años, sin posibilidades de reelección, sin autonomía presupuestal efectiva, sin servicio civil de carrera para contar con funcionarios capacitados y sin mecanismos claros de rendición de cuentas, se han convertido en el eslabón más débil de la gobernabilidad en nuestro país.
Los niveles de corrupción e impunidad que se están manifestando en los gobiernos municipales, por ejemplo en el otorgamiento de los permisos de uso del suelo y construcción, son también señales alarmantes del deterioro del Estado y de la indefensión que experimenta la población en el territorio.
Una justificación del afán descentralizador que privó a finales del siglo pasado era el reconocimiento de que la participación ciudadana en la vida pública se facilitaba más en el nivel de los gobiernos más cercanos a las personas. Se les asignó así a los municipios la obligación de fomentar y garantizar la participación ciudadana en relación con la administración pública local.
Sin embargo, en la realidad los gobiernos municipales siguen cargando los lastres de las formas más autoritarias derivadas del control caciquil, de su subordinación a los gobernadores y, en los últimos años, de la mayor presencia de grupos criminales en el control del territorio. Es decir, la supuesta democracia que debe incluir una mayor participación ciudadana en la cosa pública ha pasado de noche al nivel de los municipios.
Las experiencias de participación ciudadana en la gestión municipal han sido escasas. Destacan algunos municipios indígenas en Michoacán, Chiapas y Guerrero que han desarrollado modalidades de gobierno y de seguridad comunitaria más participativas.
Por estas razones es de destacarse la consulta ciudadana de ratificación de mandato del presidente municipal del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, que se llevará a cabo en los próximos meses.
Se trata de un ejercicio de participación ciudadana inédito en el país. El poder de revocación del mandato a malos servidores públicos no nos ha sido concedido por nuestros legisladores como uno de nuestros derechos políticos, pues lo consideran como un tiro en su propio pie.
Tampoco la reelección como mecanismo de control ciudadano está legislada y acaba de ser nuevamente desechada por la Cámara de Diputados al revisar la minuta del Senado en materia de reforma política.
Ante este estado de cosas, Enrique Alfaro, actual presidente municipal de Tlajomulco por el PRD, decide promover una consulta ciudadana para verificar si los habitantes del municipio están o no de acuerdo con su gestión y en el caso de ser negativo el resultado, retirarse del gobierno municipal. Anteriormente Alfaro –un egresado de El Colegio de México– promovió ejercicios de presupuesto participativo.
Tlajomulco es un municipio al sur de Guadalajara con más de medio millón de habitantes, y que de haber sido un territorio con altos niveles de productividad agrícola se ha convertido en la más importante reserva territorial privada para el crecimiento de la zona metropolitana de la capital del estado, debido a la corrupción de administraciones municipales panistas anteriores a las de Alfaro.
Considero que es ineludible una reforma que actualice y modernice a los gobiernos municipales y que efectivamente permita a las personas participar en decisiones de gobierno que las afectan en su vida cotidiana.
Ojalá jóvenes como Enrique Alfaro, junto con otros presidentes municipales responsables, construyan y promuevan esa tan necesaria reforma. Varias organizaciones civiles estaríamos dispuestas a apoyarlos. Sería una contribución muy importante para la reconstrucción del Estado que tan urgentemente estamos requiriendo.
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