Penales de la muerte en Tamaulipas.

TAMAULIPAS: SUS PENALES, MADRIGUERA INOCENTE DEL CRIMEN.
José Luis Camacho Acevedo.
Desde el momento en que la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna inició el desmantelamiento de la Secretaría de Gobernación, la conducción del gobierno en el delicado asunto del control de reos y penales federales ha sido un caos.
Según la columna de Carlos Ramírez en El Financiero del lunes pasado, se han capturado más de 100 mil delincuentes en el sexenio relacionados con acciones de todo nivel del crimen organizado.
México, un país que tiene una millonaria reserva en dólares en el Banco de México; que cada año recobra parte del presupuesto por los subejercicios que nadie sabe a ciencia cierta a donde van a parar; con un número considerable de Fideicomisos que ya están fondeados y que no se han puesto a trabajar en la actividad para la que fueron creados, no cuenta con recursos para llevar a cabo una política pública a la altura de sus urgentes necesidades en materia de construcción de centros penitenciarios de alta seguridad.
Sin una política pública diseñada profesionalmente para responder a las críticas condiciones que tiene la sobrepoblación carcelaria en México, cada Centro de Readaptación Social, de alta seguridad o de carácter estándar, es una verdadera bomba de tiempo por la cohabitación de internos del fuero común con reos condenados por la comisión de delitos federales.
Ayer en el penal de Altamira, Tamaulipas se amotinaron esa promiscuidad de internos que se da en muchas cárceles del país y el saldo, hasta la hora en que se escribió esta columna rebasa los 30 muertos. La mayoría de ellos corresponden al fuero común y un número que alcanza los 10 al fuero federal.
Qué está haciendo el gobierno ante la evidencia de que los penales en todo el territorio son manejados por mafias cuyos cabecillas regularmente pertenecen a carteles u organizaciones criminales?
Tamaulipas es una entidad a la que acaban de llegar 1500 efectivos de la Policía Federal. Y seguramente el operativo que realizarán calmará a las bandas del crimen organizado por un tiempo. Primero los avisos en la frontera con Veracruz de ejecutados a mansalva. Después la ignominia del asesinato a pasajeros de autobuses realizado en esa misma zona. Son casos que se suman, por mencionar el incidente más relevante de hace unos años, a la demostración de fuerza de los carteles que asesinaron al entonces gobernador electo de Tamaulipas, Rodolfo de la Torre Cantú, quien fue sustituido por su hermano, un servidor público totalmente improvisado que ha sido rebasado desde el inicio de su gestión por los grupos criminales.
Lo ocurrido ayer en Tamaulipas es algo que se va convirtiendo en parte del paisaje asimilable por la sociedad de ese tipo de acontecimientos. La fuga de reos en Sinaloa sumó cuatro peligrosos sujetos nuevamente en actividad que vuelven a preocupar a la sociedad. Allí se encuentra otra ineptitud en la forma de gobernar encarnada por el famoso MALOVA, quien se salió del PRI para abanderar una coalición PRD-PAN que hizo perder con relativa facilidad al entonces gobernador, Jesús Aguilar Padilla, empecinado en imponer candidato a sucederlo.
Lo relevante no es la repetición de los motines en los penales mexicanos. Destaca la pasividad de los gobiernos federales y estatales ante ese escenario de alta peligrosidad social.
Mucho se habla de que los propios gobernadores del PRI se sentirían más cómodos con un presidente de oposición, que no les puede tirar línea política, que con uno de su propio partido que regresaría al presidencialismo total que ponía y quitaba mandatarios según sus intereses.
Gobernadores ineficaces. Una Federación ausente por la desintegración de sus formas de control probadas en materia de inteligencia y seguridad, en aras de un experimento que salió de la “creatividad” de algunos funcionarios del actual régimen. Experimento que ha tenido resultados siniestros, sangrientos y que no se ve por donde puedan empezar a corregir esa tremenda falla de operación para asegurar los penales de México.
Los privilegios que gozaban capos como Rafael Caro Quintero (con celdas acondicionadas como recámaras de lujo, con bar y visitas conyugales indiscriminadas) ya no interesan a los reos de alta peligrosidad.
Ahora desde dentro, por internet o celulares, siguen manejando el tráfico de drogas, la ejecución de personas, los secuestros de alto impacto y las nuevas formas con que opera su gran poder corruptor proveniente de los impresionantes réditos que les otorga su actividad.
Ese es el verdadero reto.
Reducir el poder corruptor del crimen organizado desde las cárceles y neutralizar sus actividades delictivas que ahora operan con gran impunidad, desde el interior mismo de los reclusorios.