“Cuando vives una situación muy fuerte y dolorosa, no quieres que nadie más la viva; es así que han surgido asociaciones o fundaciones para combatir el secuestro, monitorear a las instituciones con el fin de prevenir y combatir a la delincuencia, entre otras”, dijo Charaf en un comunicado de prensa distribuido este lunes.
“Por lo vivido en nuestro caso -agregó-, hemos creado esta asociación civil, para que quien esté viviendo un abuso, injusticia, ataque o atropello por parte de Televisa, en contubernio o sometimiento de la autoridad, tenga una plataforma de difusión con la que pueda enfrentarlos, evidenciándolos inmediatamente ante millones de personas, y con esto termine dicho abuso, ataque o atropello, y no como nos pasó a nosotros, de sufrir un embate de este monstruo y no saber a quién acudir para denunciarlos o como enfrentarlos”.
La creación de esta organización resulta relevante porque, por lo que sabemos, parece la primera vez que con el uso de internet y las redes sociales hay una estrategia articulada y con recursos económicos para denunciar las irregularidades e ilegalidades cometidas por la empresa de medios de comunicación más influyente de México y una de las más importantes en los países de habla hispana.
A través de la exposición de casos –documentados en videos, archivos confidenciales, artículos periodísticos y académicos- y los comentarios del público en general difundidos en el sitio www.televileaks.com, al igual que en Twitter, Facebook y Youtube, se armará un amplio expediente que será la base para una demanda ciudadana para que el gobierno federal revoque las concesiones que le fueron otorgadas a Televisa, “por haberlas utilizado indebidamente en repetidas ocasiones”.
¿Cuántas organizaciones y ciudadanos se sumarán a esta organización? Es difícil saberlo. Por lo general, los temas relacionados con la comunicación y los medios no suelen ocupar un lugar importante en la agenda ciudadana, salvo en aquellos casos en los que se logra que legisladores, líderes de opinión y los mismos medios de comunicación se involucren, como sucedió con la denominada “ley Televisa”, en 2005 y 2006. Sin embargo, en la medida en que el movimiento encabezado por Charaf se ciudadanice cada vez más y se despoje de la idea de que es un acto revanchista, logrará mejores resultados.
En todo caso, con Charaf o sin él, la asociación tendrá múltiples obstáculos para darse a conocer y lograr resultados tangibles. Quienes la encabezan, saben que se toparán con el silencio de la mayoría de los medios de comunicación, de columnistas y articulistas, de la mayor parte de quienes forman parte de la clase política y empresarial, así como de un porcentaje importante de organizaciones ciudadanas que por una u otra razón mantienen una buena relación con la empresa por los apoyos obtenidos en difusión, en su fundación cultural o en los teletones.
Navegar contra la corriente será, pues, la constante, pero hay y habrá elementos suficientes para armar no sólo un expediente en contra de la empresa, sino para convertirse en un interlocutor confiable y en un observatorio con influencia que podría deteriorar más la imagen de Televisa, en México y el extranjero. Por más poder fáctico que sea, la empresa no podría ignorar los constantes señalamientos de una organización no gubernamental que podría ser respaldada por más actores sociales y políticos del país.
“Ya basta de abusos de Televisa, A.C.” recupera el movimiento de organizaciones, ciudadanos y, quién lo diría, del PAN, en contra de la inequitativa cobertura informativa de Televisa en el proceso electoral de Chihuahua en 1986. En aquel estado como en el Distrito Federal hubo marchas y mítines contra la televisora y su parcialidad priista.
Dos años después, en las elecciones federales de 1988, ocurriría algo similar. El mismo PAN realizó mítines en frente de las instalaciones de la televisora en avenida Chapultepec e impulsó, con el apoyo de la asociación Resistencia Civil Activa y Pacífica, un boicot publicitario y de audiencias contra el noticiario 24 Horas, que conducía Jacobo Zabludovsky, mientras que la Comisión Federal Electoral presentó ante la Procuraduría General de la República una demanda judicial por los presuntos delitos de difamación y calumnia de que fueron objeto candidatos a los partidos de oposición a la presidencia de la República en el programa 60 Minutos del 3 de julio de 1988, bajo la conducción de Juan Ruiz Healy.
Desde entonces, muchas otras denuncias, cuestionamientos, sanciones y más se han presentado en contra de Televisa, sin afectar, hasta ahora, sus intereses. Por el contrario, hoy el conglomerado de medios y de telecomunicaciones es más fuerte política y económicamente, gracias a los beneficios obtenidos en las dos administraciones panistas. Vaya paradoja.
Todo poder requiere de un contrapoder para evitar actos como los que denuncia la organización que preside Charaf. ¿La sociedad logrará construir ese equilibrio a través de una “guerra de guerrillas” jurídica, comunicacional y en las redes sociales o hace falta algo más? ¿usted qué piensa?
Twitter: @telecomymedios |
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