Metamorfosis: Opinión de Fausto Alzati.

México: de la razón a la cerrazón

Por: Dr. Fausto Alzati Araiza

Jueves 19 de julio de 2012

Nadie lo ha dicho mejor que Pedro Joaquín Coldwell: “El mayor fraude es pretender invalidar el voto legítimo de 50 millones de mexicanos”. Al TEPJF le corresponde juzgar la legalidad, no los resultados de las elecciones del pasado 1 de julio. Los resultados de la elección presidencial están a la vista: el triunfador es Enrique Peña Nieto por una diferencia de casi 7% del voto emitido, más de tres millones de votos; 12 veces más que los que permitieron a Felipe Calderón Hinojosa ocupar la Presidencia en 2006. Esto, en una elección que validaron con su participación millones de mexicanos —a los que no se escucha protestar el resultado, más allá de las estridencias promovidas por López Obrador y sus seguidores más radicales—, vigilada por decenas de miles de representantes de partidos y candidatos, miles de observadores nacionales y extranjeros, etcétera, como se ha dicho y repetido por tirios y troyanos hasta la saciedad.

Así pues, en lo que se refiere a la elección presidencial, el triunfo de Enrique Peña Nieto es claro y contundente. También son válidos, en principio, los resultados de las elecciones legislativas y las gubernaturas que se disputaron. Y a menos que el TEPJF encuentre en las impugnaciones presentadas motivos y pruebas suficientes —es un principio general de derecho que quién acusa debe probar la veracidad de su acusación— para invalidar más de 25% de los cómputos distritales, no existe argumento legal alguno para pretender anular o invalidar el reciente proceso electoral. Pedro Joaquín Coldwell ha respondido ya con serena claridad y concisa contundencia a los argumentos públicamente vertidos y difundidos ad náuseam por López Obrador y sus incondicionales —que cada vez son y serán menos—, pues la razón acaba siempre por imponerse. El equipo jurídico de Enrique Peña Nieto, coordinado por Jesús Murillo Karam, político conocido por su apertura, voluntad de diálogo y sensatez, ha contestado sistemáticamente a las impugnaciones presentadas ante el citado Tribunal.

En síntesis, es cada vez más amplio el consenso en torno a la validez, legalidad y legitimidad del recién concluido proceso electoral y, en el caso de la elección presidencial, en torno al triunfo de Enrique Peña Nieto. Llama entonces poderosamente la atención la actitud contumaz de Andrés Manuel López Obrador al persistir, pese a todo, en pretender cometer el inaceptable fraude de invalidar la voluntad legal y legítimamente manifestada por la mayoría de los mexicanos que, una vez más, y a pesar de sus indudables virtudes públicas, no lo hemos querido tener como presidente de la República, con todo el poder y la responsabilidad que esa encomienda conlleva, quizás precisamente por las actitudes intransigentes y antidemocráticas que reiteradamente despliega.

Ha llegado sin duda la hora de que López Obrador y los partidos de izquierda que lo apoyan evalúen con serenidad sus opciones políticas presentes y futuras. Que lo hagan anteponiendo la razón a la sinrazón momentánea. El avanzar en el perfeccionamiento de una democracia plural y duradera requiere que las fuerzas sociales que se agrupan en la izquierda participen en forma pacífica, democrática y legal en la construcción de los consensos que México necesita, para superar la inseguridad y el estancamiento. La protesta violenta conlleva siempre el riesgo de salirse de cauce y llevar, sin que nadie lo quiera, a resultados contraproducentes que fortalezcan a las tendencias más retrógradas y autoritarias. La protesta callejera es un arma política volátil. Más en una ciudad donde los jóvenes son mayoría y la izquierda es gobierno. López Obrador puede, pues talento político le sobra, construir opciones para hacer valer su capital político por la vía de las instituciones, por cauces democráticos y en la concordia. Desde la razón y no desde la cerrazón.